En Derecho, los fines no justifican los medios. Esto aplica también en el examen sobre la constitucionalidad o la legalidad de normas -incluyendo leyes formales– o de actuaciones administrativas, aunque a veces los que tienen poder lo olvidan. Uno de los límites al poder se expresa en el principio de proporcionalidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (La «Corte IDH») ha sentado en su jurisprudencia, la doctrina de que la potestad del Estado de dictar normas estatales que impliquen limitación, restricción o disminución de derechos fundamentales, está sometida a ciertos límites. Estos límites se encuentran en: i) estricta legalidad; ii) legitimidad de los fines para los que se establece la medida restrictiva de derechos; iii) necesidad en un estado democrático (la medida debe responder a una genuina necesidad en un estado democrático); iv) la medida debe ser proporcional, lo cual presupone el doble propósito de (a) que cualquier restricción de derechos sea lo menos invasiva posible de dichos derechos, y (b) que cualquier perjuicio que se cause en las personas por dicha merma o restricción de derechos sea claramente superada en los beneficios que la medida genera para la sociedad. Así, en el caso Yatama vs. Nicaragua:
«La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue».11 (Mi subrayamiento)
Incorporando el principio de proporcionalidad al marco del Derecho interno, es corolario de todo esto el que no basta el mero hecho de que dicha medida sea conducente a lograr una finalidad válida, para que una medida restrictiva de derechos fundamentales sea considerada conforme a la Constitución. Aun cuando una norma (legal o reglamentaria) o acto reúna todas las formalidades que exige la Constitución, y aun cuando la norma o acto esté dentro de las potestades del órgano o autoridad que lo emite, la norma o acto puede ser inconstitucional (o ilegal) si es desproporcionado. La proporcionalidad de las actuaciones del Estado es un importante freno a la arbitrariedad.
Componentes del principio de proporcionalidad
El examen de la proporcionalidad de una norma o acto presupone que la norma o acto en cuestión están revestidos de las formalidades que exigen la Constitución y la Ley, y que han emanado de autoridad competente para dictarlos. El examen de proporcionalidad se subdivide en el examen de idoneidad, el de la necesidad y el de la proporcionalidad en sentido estricto.
El examen de idoneidad se subdivide en el examen de idoneidad en dos aspectos, primero la idoneidad de los fines perseguidos por la norma o acto, y luego la de los medios que la norma o acto dispone para perseguir el fin declarado. A la primera se le llama idoneidad teleológica y a la segunda, idoneidad técnica. La idoneidad teleológica se refiere a que los fines perseguidos por la norma o acto deben ser legítimos conforme a la Constitución. No será válida una norma o acto que persiga fines contrarios a la Constitución. Esta parte es bastante obvia. Pero además los medios dispuestos por la norma o acto, deben ser razonablemente conducentes al logro de esos fines. Debe haber una expectativa al menos razonable de que los medios instituidos por la autoridad en la norma o acto de que se trate, pueden lograr los fines de la medida. A este segundo punto se refiere la idoneidad técnica.
El examen de necesidad busca responder a la pregunta de si la restricción, disminución o interferencia con derechos subjetivos de los particulares, resultante de la norma o acto en cuestión, es la menos lesiva de dichos derechos subjetivos, de entre las diversas opciones disponibles para lograr los mismos fines. Con esto:
«se busca que el ejercicio de las competencias estatales en relación con los derechos de los asociados se agote con la menor intensidad posible, vale decir, que ninguna acción del Estado exceda de lo necesario para alcanzar los objetivos establecidos en el ordenamiento jurídico».22
El examen del medio alternativo menos lesivo entraña una evaluación empírica, y no meramente un análisis normativo. Es un ejercicio intelectual que va más allá de lo estrictamente jurídico, aunque comprende, lógico es, elementos jurídicos. Si es razonablemente viable lograr los mismos resultados, con una medida menos lesiva a los derechos de los particulares, entonces la medida falla el examen de necesidad.
Por último, está el examen de proporcionalidad en sentido estricto.
«El principio de proporcionalidad en estricto sentido señala que las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar los sacrificios que las medidas implican para sus titulares y la sociedad en términos generales, por lo que exige que se lleve a cabo una ponderación de bienes entre la gravedad de la intervención en los derechos fundamentales y el peso de las razones que justifican tal intervención.»33
O lo que la sabiduría popular refleja en la expresión «que el remedio no sea peor que la enfermedad».
Conclusión
El principio de proporcionalidad se sustenta en el principio de interdicción de arbitrariedad, a su vez relacionado con el principio de legalidad. Las autoridades y el Estado en general están instituidos para proteger la vida, honra y bienes de los particulares. La persecución celosa de objetivos de políticas públicas no debe llevar al atropello de tales fines máximos, expresados en los derechos fundamentales o derechos humanos. La «razón de Estado» no debe ser excusa para la violación de los derechos de las personas. De hecho, el concepto mismo de derechos fundamentales y derechos humanos surge precisamente para señalizar que en la persecución de fines estatales y/o fines colectivos, no todo vale. El examen de la proporcionalidad de los medios es un límite a la actuación estatal. En la actuación estatal, el fin no justifica los medios.
1 Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 206.
2 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Reflexiones en torno a la potestad administrativa sancionadora: aplicación en el sector energético, ambiental, de telecomunicaciones y en otros sectores. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, pp. 50-51.
3 ROJAS LÓPEZ, Juan Gabriel. Derecho administrativo sancionador: Entre el control social y la protección de los derechos fundamentales (Spanish Edition). Universidad Externado. Edición de Kindle, p. 195.